Pwacs recomienda identificar bien las convocatorias y las líneas de trabajo, así como no perder de vista los planes de obligado cumplimiento como el de medidas antifraude
A tan solo unas semanas de las elecciones municipales y autonómicas, los Fondos Next Generation EU siguen acaparando la atención de todas las administraciones. El reto es transformar la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero para que esa transformación sea real, eficiente y sostenible es fundamental una adecuada gestión de los fondos.
En el segundo semestre del pasado año "se percibió un acelerón en la publicación y adjudicación de fondos en convocatorias, a nivel regional y nacional", según el cuarto informe de seguimiento de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); y son las entidades locales, como beneficiarias y ejecutoras, las responsables de llevarlos al tejido empresarial a través de distintos mecanismos (fundamentalmente la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP 9/2017) y la ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local). Pero, ¿qué deben tener en cuenta los municipios españoles para optimizar esta gestión?
Identificar las convocatorias
Las convocatorias pueden llegar a los municipios a través de distintos organismos. Por un lado, los ministerios, de forma directa o a través de organismos delegados como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Por otro lado, a nivel autonómico, las convocatorias llegarán a través de las propias Consejerías de las comunidades autónomas o de las Diputaciones.
Las vías para recibir los fondos son múltiples tanto a nivel nacional como autonómico, lo que dificulta la identificación de las convocatorias que mejor se adaptan a un proyecto estratégico local, previamente definido, y su posterior tramitación", comentan desde la consultora. Por eso, para facilitar esta labor, existen organismos como la FEMP que publica diariamente en su página web las convocatorias de las que pueden ser beneficiarias las entidades locales, así como otra información de interés.
Identificar las líneas de trabajo
“Ya me han concedido los fondos, ¿y ahora qué?”. Las entidades locales, tras haber superado con éxito la configuración de los expedientes presentados a las distintas convocatorias, se enfrentan a una doble línea de trabajo. Por un lado, la ejecución del proyecto y todo lo que conlleva el proceso de contratación y su posterior desarrollo; y por otro, cumplir los requerimientos de control, seguimiento y justificación que exige el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Es aquí donde pueden surgir mayores dificultades, porque optimizar este proceso de definición del proyecto estratégico, identificación de la convocatoria, tramitación del expediente y su posterior ejecución, alineado con los requerimientos del PRTR, requiere un nivel de conocimiento técnico, económico e incluso jurídico del que carecen habitualmente los ayuntamientos. Ya sea porque no disponen de dichos perfiles en su equipo o simplemente porque no les da la vida para poder afrontar estas nuevas tareas.
Contar con asesoramiento
Tener una visión holística de todos los procesos y contar con expertos en estos ámbitos técnico, económico y jurídico son apuestas que pueden aumentar el grado de éxito, tanto para la consecución de financiación de los proyectos como para la gestión de estas ayudas, que en muchos casos triplican el presupuesto municipal. Precisamente, una de las ventajas que aportan estos fondos a los ayuntamientos frente a algunos fondos estructurales de años anteriores es que financian el asesoramiento externo, consultorías, auditorias y estudios. Son gastos elegibles. Esto facilita el poder contar con expertos altamente especializados que colaboren con los técnicos municipales y les acompañen durante todos los procesos, desde la adjudicación de los fondos y su gestión hasta su control, seguimiento y justificación.
Controlar el fraude y los conflictos de interés
La transparencia es un tema prioritario, por eso los Fondos Next Generation EU vienen con legislación propia bajo el brazo: el Real Decreto 36/2020, que regula el PRTR y las Órdenes Ministeriales 1030 y 1031; además de las bases propias de cada convocatoria, que se suman todas ellas a las ya existentes, como la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley General de Subvenciones. Toda esta legislación es de obligado cumplimiento por todos los beneficiarios en el ámbito de las entidades locales, y ello implica su responsabilidad ante los organismos de control nacionales y europeos.
Desde Pwacs, recomendamos no perder de vista el Plan de Medidas Antifraude, que refuerza los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Se trata de un Plan que todos los ayuntamientos ejecutores de los fondos están obligados a elaborar, implantar y realizar seguimiento a lo largo de la vida de cada proyecto. Por otro lado, otra de las obligaciones de los proyectos beneficiarios de estos fondos es "el análisis de riesgos en relación a posibles impactos negativos significativos en el medio ambiente (Do No Significant Harm, DNSH). Este principio requiere de la elaboración de dicho análisis y su posterior seguimiento y justificación durante el desarrollo y ejecución de los proyectos.
En definitiva, consideramos que solo una gestión optimizada y transparente asegura el máximo beneficio posible para los municipios y sus ciudadanos. Estas circunstancias facilitan la colaboración entre equipos multidisciplinares públicos-privados que puedan aportar una visión global para mejorar la gestión de estos fondos.