PWACS asesora a sus clientes en la puesta en marcha y gestión de esta obligación para el sector público y privado
Con la entrada en vigor de la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone al ordenamiento jurídico español la conocida como Directiva de “Whistleblowing” (Directiva 1937/2019), se pretende proteger a los ciudadanos que informan sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico en el marco de una relación profesional.
Esta nueva norma obliga a las entidades tanto del sector privado como del sector público con más de 50 trabajadores a implementar lo que conocemos como canal de denuncias o sistemas internos de información.
Esta obligación de implantar el sistema de interno de información está sujeto a unos plazos dependiendo del número de trabajadores en la empresa. A partir de este martes 13 de junio, las compañías con 250 trabajadores o más deberán tener habilitado un buzón para comunicar dichas infracciones, no obstante, la norma contempla un plazo superior en aquellos casos en los que la empresa cuente entre 50 y 249 trabajadores en su plantilla, siendo la fecha límite el 1 de diciembre de este año.